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Ni casas sin gente, ni gente sin casas.

Juan Pablo Martínez Díaz
16 min readDec 11, 2019

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Redescubriendo la política X: Movimiento por el derecho a la vivienda en España-De los okupas, PAH, los comunes y la Ingobernable.

“¿Qué es la violencia? ¿Echarme de casa o ir a tu puerta?”

El primer gran periodo de crecimiento en relación al coste de la vivienda se presentó entre 1985 y 1990 (Azumendi, 2009), sin embargo este solo sería el inicio de pequeños ciclos de burbujas inmobiliarias, así como el inicio de un movimiento que marcaría la historia política de España. Uno de los primeros actos de este movimiento surge en la capital, Madrid, específicamente en el local número 83 de la calle Amparo, un edificio abandonado, que sería acondicionado por jóvenes de distintos clases sociales con el objetivo de realizar actividades socioculturales al margen de las instituciones, inspirados por las acciones de años antes en Barcelona. Tras intentos de desalojo y la realización de diversos eventos en el inmueble, se conformó la Asamblea de los Okupas. Proveniente de la palabra ocupación, hace referencia a la ocupación de viviendas y territorios deshabitados con el fin de denunciar las dificultades de acceso a los mismos que se empezaba a vivir con mayor fuerza a mediados de los ochentas. Se caracterizaban por un rechazo al autoritarismo y a los partidos políticos. La lucha urbana se amplió a las críticas de sociedad de clases y también a la gestión socialdemócrata del PSOE y el PSC, pues se consideró que formaban parte del fomento a la especulación urbana. Desde entonces el movimiento se extendió a lo largo y ancho del país, sus medios y actores cambiarían, la multiplicidad sería su característica, principal riesgo y a la vez su mayor virtud. El movimiento no es unificado, es complejo y es político ( Melucci, 1999, pp. 9). La producción de identidad e implementación de valores culturales contra un enemigo, el control y el cambio de la historicidad sería una disputa interna y hacia fuera del movimiento (Alonso, 2013, pp 34).

Con la extensión también aumentó su represión y criminalización. En 1995, el ‘Código Penal de la democracia’ convirtió en delito la ocupación de inmuebles. A inicios del nuevo milenio los precios subían un 17% anual. Los okupas se centraron en las protestas contra la globalización y el impacto de la misma en la especulación inmobiliaria. Los dirigentes de los Ayuntamientos decidieron acabar con el espacio derrumbando edificios okupados, la insensibilidad estructural quedaría cada vez más clara (Fillieule & Tartakovsky, 2015, pp. 133). A la par de estos sucesos surge en distintos foros digitales la necesidad de organización en sectores más amplios, no necesariamente ligados a los okupas, ante la burbuja inmobiliaria. Utilizando la conceptualización de Melucci respecto a tres rasgos que necesitan los movimientos sociales (Melucci, 1999, pp. 17), el conflicto previamente identificado por los okupas, el cual tenía como antagónico a los partidos tradicionales y el sistema económico capitalista, agregaba una especificación: las inmobiliarias. La ruptura del sistema política a nivel nacional empezado por las okupaciones solo necesito un detonador para generar una solidaridad que llevara a esos intereses y realidades diversas a la acción común: la frustración. Si bien ya vivida por los inconformes okupas, la caída de status que se empezaba a sentir en varios sectores generó un descontento social generalizado (Ramírez Saíz, s.f, pp. 13) . En noviembre de 2003 se funda la Plataforma por una Vivienda Digna (PVD), quienes pusieron en marcha una página web y un sistema de listas de correo que sirvió para congregar un grupo de gente y, a partir de ahí, dar paso a la convocatoria de asambleas. Los resultados se vieron en 2005, cuando 10.000 personas agrupadas marcharon con el lema “Por el derecho a techo — Stop especulación” en principales puntos históricos de España. A partir de 2006 el movimiento contó con mayor presencia en los medios. En Madrid acudieron a la convocatoria, en la Puerta del Sol, entre 1.200 y 3.000 personas, dirigiéndose al Congreso de los Diputados, mientras que en Barcelona se contó con una asistencia de unas 1.000 personas, que fueron convocadas en la Plaza de Cataluña. Las movilizaciones se repitieron todos los domingos durante un mes, convocadas desde “www.viviendadigna.es”. A lo largo de los siguientes dos años, las manifestaciones no cesaron. Bajo lemas como “La vivienda es un derecho, no un negocio”, “No tindrás casa en la puta vida!” (No vas a tener una casa en la puta vida), “Contra la Precariedad y la Especulación”, “La Vivienda es un derecho, no un negocio” y “Por el derecho a una vivienda digna” las marchas y huelgas llenaron España, denotando en cada lema la diversidad de puntos de partida en cuanto a la exigencia del derecho a la vivienda, la pluralidad de actores quedaba manifiesta (Melucci, 1999, pp. 11) . Desde la remarcación de un derecho, pasando por el reconocimiento de una dicotomía entre ese derecho y los negocios, hasta la crítica a una especulación intrínseca a un sistema económico-social global como el neoliberalismo.

La burbuja no cesaba, cada año se iniciaban una media de unas 600.000 casas, llegando al récord de 762.540 en 2006 . Los jóvenes españoles destinaban el 64% de su sueldo en vivienda (20minutos.es, 2006). El crédito barato y fácil para todo el mundo hizo el resto; el 60% del total del crédito se concentraba en la construcción, compra y venta de viviendas, alcanzando el billón de euros, o el 100% del PIB (López Letón, 2015) . El “pinchazo de la burbuja” comienza en 2008, de la mano de la crisis económica mundial-gráfica acerca del precio de vivienda (Observatorio Social de “la Caixa”., 2018)- , las hipotecas cada vez más caras y los precios inaccesibles para una gran mayoría de la población, por lo que se produce una baja en la inversión inmobiliaria, caen los precios, generando la retirada del mercado por parte de pequeños y medianos inversores envueltos en la especulación que habían vivido la última década (Doncel, 2008). La bajada de la actividad en un sector con gran demanda de mano de obra supone el aumento del desempleo.

Desde esa fecha hasta 2012 se consumaron 203.808 desahucios, un promedio diario de 124 “lanzamientos judiciales” (Trabada, 2012). Suicidios empiezan a suceder a lo largo de toda España, principalmente en las grandes ciudades ibéricas. La disonancia cognitiva, la caída de status que llama a la acción política, se intensificó (Ramírez Saíz, s.f, pp. 14). El Gobierno de Zapatero avaló con 100.000 millones el rescate de la deuda de la banca.Los recursos limitados (Ramírez Saíz, s.f, pp. 10) ya no solo serían la vivienda y garantía de derechos sociales, sino la limitación a la participación política; del análisis del problema social pasamos también al político como principal impulsor del movimiento- que si bien los okupas ya lo habían ligado a los partidos socialistas, se extendió a los grandes partidos de centro españoles.

Con la intención de frenar la frustración de esa escasez, en 2009 se formó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, agrupación que buscaba por medio de negociaciones con Gobierno, banco e inmobiliarias los desahuciados. En 2010 empiezan la “Campaña por la dación en pago” que consistía en la entrega de la vivienda para la cancelación de la deuda hipotecaria en caso de residencia habitual y deudores de buena fe. En 2010, la PAH y el Observatori DESC trasladaron al Congreso una propuesta de modificación de ley que fue rechazada por Partido Popular y el PSOE, por lo que se toma la vía de la Iniciativa de Legislativa Popular que reclama la dación en pago retroactiva, una moratoria para los desahucios y el fomento del alquiler social; así como también impulsaron a la par una campaña que persigue la apropiación ciudadana de las viviendas vacías. Esta última acción perseguía tres objetivos: 1)Recuperar la función social de una vivienda vacía para garantizar que la familia no quede en la calle, 2) agudizar la presión sobre las entidades financieras para que acepten la dación en pago y 3)forzar a las administraciones públicas a que adopten de una vez por todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda. La crítica al centro de la toma de decisiones política veía su efecto en las acciones de las periferias para participar en la legislación. El policy process monopoly entraba en crisis (Fillieule & Tartakovsky, 2015, pp. 130–132) .

Tras estas acciones fueron entregadas 1.402.845 firmas​ el 5 de febrero de 2013 en el Congreso. PAH pidió reuniones con todos los grupos parlamentarios y enviaron cartas cada diputado pidiendo el voto a favor, convocaron una manifestación para el 16 de febrero de 2013, y realizaron escrache virtual-señalamiento público de una o varias personas, acusaciones en masa hacia algún tema específico (Salmerón, 2019)- para que la admitieran a trámite (20minutos.es/Agencias, 2013). El 12 de febrero, se aprobó el mismo con 333 votos a favor y una abstención (RTVE.es / AGENCIAS, 2013).Durante unas semanas fueron comunes, actos de protesta en forma de escrache- ya en espacios no virtuales- a los políticos del Partido Popular, con pancartas que señalaban “Sí se puede, pero no quieren” -imagen vía (Torres, 2013).Esas pancartas simbolizaban botones verdes y rojos alusivos a las votaciones en el Congreso (Vera, 2013). Sin embargo, diversos medios así como el gobierno emprendieron una campaña de desprestigio contra los escraches que redujo el apoyo popular a esas protestas, a pesar de esto el 68 % coincide en que los escraches constituyen un derecho ciudadano amparado por la libertad de expresión (Toharia, 2013), la solidaridad generada años atrás, no cesaba, la necesidad seguía en aumento. La insensibilidad estructural se hacía latente. De la misma manera empezaba un replanteo, al menos en el imaginario de varios miembros del movimiento, del lema que llevaban las pancartas: “¿si pueden pero no quieren?”¿nosotros que queremos, podemos? Las acciones de los partidos tomadas días posteriores, darían la(s) respuesta(s) a esta pregunta.

Durante el trámite, el 14 de marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las leyes españolas sobre desahucios no garantizan a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas y vulneran la normativa comunitaria (Público/Agencias, 2013). A pesar del dictamen, el 2 de abril de 2013 el portavoz del grupo parlamentario del PP anunció que la Iniciativa Legislativa Popular sobre los desahucios​ iba a ser fusionada con la ley que había presentado el gobierno y que no contempla la dación en pago, su propuesta principal (Garea, 2013). A partir de ese momento, la desesperación y la crisis de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, así como de un posible cambio en el sistema político-económico hizo, que si bien PAH y PVD siguieran en activo, la lucha por el derecho a la vivienda siguiera nuevos horizontes: la institucionalización y la altermundista okupa.

Los okupas seguían creciendo en Madrid y bajo el lema “Madrid no se vende”, que llevaron a cabo en una manifestación en 2017, en contra de la enajenación del patrimonio público y la vivienda , decidieron ocupar un edificio que en marzo de 2013 fue cedido gratuitamente por el Gobierno local del Partido Popular a la Fundación Ambasz para la construcción de un museo de arte y arquitectura (Caballero, 2017). Encontrándose el proyecto paralizado a causa del cambio de gobierno municipal y por la exigencia de espacios que fueran distintos a los centros comerciales y centros mercantilizados, ocuparon la calle Gobernador número 39, en pleno centro de Madrid. El lugar serviría de espacio para la organización del 8M o las Juventudes por el Clima, se convirtió en una protesta continua y física en la capital. Le nombraron: “La Ingobernable’- Imagen vía (Pina, 2019).

“Símbolo de toda la especulación y barbaridades que había estado haciendo el PP en los últimos años” señalan miembros de la Ingobernable (Ramírez, Pina & González, 2019). El espacio okupado ya no solo busca generar un reclamo tomando los espacios, sino que su reclamo es generar redes afectivas y de cuidados, eventos de ocio gratuito, no únicamente ante un partido o valores económicos, sino contra la forma en que se conforma un sistema político, económico y social (Elorduy, 2019). Cambiar el mundo sin tomar el poder podría resumir la visión de la Ingobernable, símbolo y refinamiento de los okupas, que busca ser un antipoder, que no solo cambie los fines, sino que vea a los medios en su actuar como un fin en sí (Alonso, 2013, pp 43). Vieron los recursos limitados ya no solo en la participación política, sino en todo el sistema político-económico. El vacío, la frustración y la pérdida de status ya no es solo cuantificable en término político, económico y social, sino que individual, la crisis es del ser y su existencia, así como de la relación del mismo con el otro y su entorno.

Mientras tanto en Barcelona, la segunda ciudad en importancia en España, si bien se replicaron casos de okupación, el principal medio para organizarse tras las fallas de PAH, fue un partido político. Vieron a los recursos limitados no solo en el acceso a la participación política sino en las forma en que se organiza y estructura el sistema político, el policy consensus monopoly necesitaba una sacudida, y las herramientas que les dieron desde los okupas hasta PAH se institucionalizarían (Fillieule & Tartakovsky, 2015, pp. 130–132). El movimiento-institución del que hablaba Alonso ya solo necesitaba la decisión de su principal liderazgo (Alonso, 2013, pp 52). A mediados del 2014, Ada Colau, principal representante de PAH, anunciaba su salida de la misma, así como su compromiso a no entrar a ningún partido político. Colau señaló que PAH se ha enfrentado al intento de cooptación por los partidos políticos y “al monstruo del individualismo y el consumismo […] que a veces han generado desconfianzas entre compañeros, desviaciones asistencialistas o luchas personalistas en no pocas asambleas”. (Blanchar, 2014). Meses después, Colau y grupos de activistas y académicos barceloneses presentaron la plataforma ciudadana ‘Guanyem Barcelona’-posteriormente Barcelona en Comú-, contactado con partidos afines como ICV-EUiA, Podemos, Procés Constituent y Equo. En su manifiesto señalan: “[…] No queremos una ciudad que venda el patrimonio urbano al mejor postor. Queremos instituciones que recuperen el control democrático del agua, que impulsen medidas fiscales y urbanísticas que acaben con la especulación de suelo y fomenten políticas energéticas y de transporte ecológicamente sostenibles.Muchas de estas iniciativas son defendidas, desde hace tiempo, por movimientos sociales, vecinales y sindicales y por diferentes espacios políticos. Pero no las podremos llevar a cabo sin la implicación de amplios sectores de la sociedad. Rescatar la democracia de los poderes que la mantienen secuestrada es un reto difícil, ambicioso, pero al mismo tiempo apasionante. Exige la gestación de nuevos instrumentos de articulación social y de intervención política donde se encuentre la gente organizada y la que comienza a movilizarse […]” (Puente, 2014). Los comunes, como se les conoce, lograron obtener la alcadía de la capital catalana en 2015 (Noguer, 2015). Centrando su administración en políticas por garantizar el derecho a la vivienda, control de uso de suelo, regulación inmobiliaria y de AirBnB, combate a la gentrificación y la vivienda social, llevaron a cabo su mandato (Público, 2018) . Sin embargo, gobernar les ha sido complejo al no contar con una mayoría de miembros de su plataforma para tener los puestos estratégicos que se requieren, el movimiento que empezó en las calles y se institucionalizó, que inspiró a más partidos municipalistas en 2015, no logró llenar las expectativas incluso en algunos casos se han llegado a generar estructuras menos democráticas y más jerárquicas que las de los viejos partidos, basadas en dinámicas de grupos o camarillas. (Alabao, 2019) Colau y los comunes se han mantenido cercanos a los movimientos sociales que le han dado origen, pero los resultados del 2019 que por poco le hacen perder la reelección son muestra de las duras críticas que ha recibido de los mismos, que no están dispuestos a por simpatías dejar que se pierdan sus exigencias, el análisis del recurso limitado, limita la solidaridad entre las partes desprendidas de lo que alguna vez fue un movimiento que parecía unificado y que hoy se reivindica claramente entre distintos actores. Imagen vía (Ribas, 2015).

La evolución del movimiento muestra la lucha local contra poderes que conforme avanzaban en la toma de decisiones se daban cuenta de su magnitud: la transnacionalidad de la crisis (Alonso, 2013, pp 43). Los okupas se coordinan con grupos comunitarios a nivel global y los comunes lideran las acciones de diversas alcaldías municipalistas por todo el mundo para enfrentar los problemas. No estando de acuerdo con Alonso en que un antipoder es necesariamente asistémico (Alonso, 2013, pp 49), los comunes y los okupas son un antipoder. La crítica es a la raíz “poder”, los okupas han tenido y seguirán teniendo un creciente poder, su papel es periférico pero existente y cada vez mayor; los comunes simplemente lo institucionalizaron. La revolución de la gente común, usando el término de Zibechi (Alonso, 2013, pp 65) se ve en ambos grupos que actúan por un mismo fin, que incluso ven a los medios como algo que necesita cambiar necesariamente para que el fin sea obtenido, su verdadera diferencia radica en la fetichización de tal poder que poseen (Alonso, 2013, pp 50). Los okupas hacen un rechazo diario al mismo, diría Holloway (Alonso, 2013, pp 66), y de esa forma lo ejercen; los comunes lo ejercen desde el inicio poniendo contrapesos al mismo con las herramientas obtenidas previo a su institucionalización-aquellas que los okupas también les dieron a lo largo todas sus manifestaciones y organizaciones. El movimiento por el derecho a la vivienda demostró la multiplicidad de actores e intereses que conformen, incluso que se contradicen, en un movimiento pero que se dan cuenta que la única forma de lograr el principal objetivo-el derecho a la vivienda- deben cooperar, y ese cooperar implica disentir y tomar distintos caminos, desde okupar un edificio gubernamental hasta contender por las alcaldías, los contrapesos internos y externos son necesarios. El encuentro entre los análisis de la crisis son una necesidad que hace que avance el movimiento y que hace que poco a poco cambie un sistema económico, político y social.

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Juan Pablo Martínez Díaz
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Gestión Pública y Políticas Globales en ITESO. Pesimista esperanzado. Saude. Ciencia(s). Municipalista tapatío. Planificar la utopía.

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